Arbitraje de Italia

di Vito D'Ambra e Consuelo Taccani

 

La noción de arbitraje

El concepto de arbitraje (1) es antiguo. Ya en la Roma clásica las partes podían transmitir espontáneamente un pleito, a la decisión de un “arbiter ex compromesso”.El orden italiano y muchos otros ordenes reconocen la facultad de someter las controversias a sujetos diferentes de los jueces instituidos por el Estado. En muchos casos las partes pueden escoger, solo si hay un acuerdo entre los interesados, por resolver las controversias de jueces particulares, elegidos por ellos: los árbitros.
El árbitro es el que desenvuelve la función y tiene el poder de resolver con vigor una controversia entre dos o más partes, para una voluntad expresada por las mismas.
En la práctica, la elección de las partes se dirige prevalentemente hacia los libres profesionales (abogados, contables, asesores fiscales, ingenieros).
El arbitraje encuentra varias causas concretas. Las partes pueden presentar personas de confianza expertas en un sector especifico; la decisión es más rápida, pero los costos del procedimiento son considerables.
Es cierto que la ley formùla limitaciones a la posibilidad de empuñar las decisiones de los árbitros (laudos arbitrales).
*                     *                    *
El arbitraje (2) es una modalidad por definir las controversias civiles alternativas a los tramites judiciales, elegidos por las partes para diferentes razones, como la rapidez o el grado de especialización del juez con respecto a la controversia. Las partes de la controversia escogen libremente los árbitros que tienen que decidirla, los retribuyen y les confieren la autoridad de decidir en mérito a ella (3). La autonomía del arbitraje no está, sin embargo, asimilable a una forma de autosuficiencia, de hecho se necesita el juez ordinario para obtener una autoridad coactiva.
La clara (o precisa) diferencia con respecto al tràmite judicial es evidente: entretanto que sea posible dirigirse a los jueces del Estado o ser llevados delante de ellos sin que haya ningún consenso respecto a su autoridad, no se puede poner en marcha un arbitraje o ser implicado para voluntad e iniciativa ajena.

*                     *                    *
No toda controversia puede ser decidida por los árbitros(4) . Los pleitos a los cuales viene atribuida la màxima importancia por parte de la colectividad, no estàn arbitrables (derechos de la persona y de la familia, derechos protegidos por normas penales ). El art. 806 c.p.c. tiene la codificación del concepto:  Las partes pueden hacer decidir a los árbitros las controversias surgidas entre ellos que no tengan como objeto derecho indisponible, excepto la expresa prohibición de la ley.
Las controversias que al art. 409 c.p.c. (materia de trabajo o materia laboral) pueden ser decididas  por árbitros sólo si esto està  previsto por la ley o en los contratos o acuerdos (o pactos) colectivos de trabajo .
Antes de la última reforma del código de procedimiento civil el art. 808, parrafo 2, c.p.c. abrogado que disponía que los pleitos de trabajo (art. 409 c.p.c.) podían ser decididos por árbitros solamente si esto está previsto en los contratos y en los acuerdos (o pactos) colectivos de trabajo, sin prejuicio de la facultad de las partes de dirigirse a la autoridad judicial. En tema de sociedades recientemente el legislador ha introducido una especificación normativa. Varias las intervenciones de la jurisprudencia.
La orientación prevaleciente se expresa con la siguiente máxima:  en materia de sociedades no se pueden decidir con arbitraje los pleitos que se refieren a la violación de las normas puestas a tutela del interés colectivo de los socios o de terceros por causa de indisponibilidad de los relativos derechos (5) .
Se tomaron decisiones en sentido contrario, pero, tradicionalmente, se cree que no  se pudo pedir a los árbitros la resolución de los pleitos con objeto de la legitimidad de los balances de las sociedades de capital(6) . Respecto a las controversias concernientes la rescisión de la sociedad, prevalece la orientación contraria al arbitraje, a pesar de decisiones orientadas de forma diferente. Otrosí es (o se considera) arbitrable la controversia entre socio y sociedad relativa a la distribución de los utiles y la controversia relativa a la exclusión de un socio por parte de una sociedad de personas . Jurisprudencia y doctrina en materia de arbitraje en cuestiones sociales tienen que ser revisadas a la luz de la disciplina (7) introducida del d.lgs. 17 de enero del 2003, n. 5.
Además, respecto a los pleitos en materia de locación, arrendamiento, comodato y alquiler el art. 447-bis, parrafo 2, c.p.c. prevee la invalidación de las cláusulas de derogación a la competencia de la autoridad judicial. La jurisprudencia ha precisado que el contenido de la norma tiene que ser referido a la sola competencia por territorio.
Otro límite està previsto con respecto la declaración de quiebra de una de las partes y las controversias que tienen como objeto la materia tributaria.
El arbitraje a hoc está hecho por  una especifica controversia, y en ella se concluye.
El arbitraje institucional, llamado también arbitraje administrado (8), al contrario, está puesto por obra para distribuir una serie de arbitrajes requeridos por las partes que quieren servirse de ellos,  por ejemplo asociaciones de categorías comerciales que ofrecen listas de potenciales árbitros, disponen de estructuras secretariales y dictan reglamentos para disciplinar los procedimientos.
El arbitraje obligatorio, que no tiene, y no debe tener, en nuestro orden, confirmaciònes positivas, es aquello en el que las partes están obligadas a llegar no por sus libre elección y concorde voluntad, sino por las fuentes a ellas ajenas, como normas de la ley o apto administrativo. El campo más vulnerable a esta torcedura es aquello de las controversias entre particulares y públicas administraciones (9). El riesgo causado por la imposición de arbitrajes obligatorios está en el hecho que, aunque con la loable intención de descongestionar la via judicial, en realidad pueda llevar a la creación de  figuras de jueces especiales.
*                     *                    *
El arbitraje puede ser nacional, del Exterior o internacional. Cada arbitraje puede ser al mismo tiempo nacional para el orden en el que se haya formado, pero del Exterior si viene tomado en consideración por cualquier otro orden. Entonces, un arbitraje italiano es nacional para nosotros, y del exterior, por ejemplo, para la Francia.
El arbitraje internacional es aquello cumplido en diversos estados por parte de árbitros de diferente ciudadanía. También un arbitraje nacional puede presentar elementos de internacionalidad, como en el caso de un arbitraje  desenvuelto en Italia entre una sociedad española y una sociedad polaca.
*                     *                    *
El arbitraje puede ser además ritual (10) , es decir, que puede seguir ciertas reglas positivas de la ley, y atenerse a reglas legales que definen su estructura y su desarrollo. La disciplina del arbitraje es tradicionalmente puesta en el código de procedimiento civil, o rito civil, y por eso mismo el arbitraje previsto y regulado del código ha sido considerado ritual.
Al contrario, el arbitraje no definido por el código ha sido definido no ritual (irrituale) (11) , ya que había surgido fuera de cualquiera ley, al final del año 1800 por la voluntad de una autonomía particular de las partes en busca de mayor discreción, también tributaria, e fue ignorado por el código como de parte de cualquiera otra fuente, en ninguna de las cuáles ante aparecía el adjetivo  irrituale .
El arbitraje ritual puede sintéticamente ser interpretado como decisión de controversia, el arbitraje no ritual irrituale como composiciòn de contrastes.
*                     *                    *
También cuando las partes decidan transferir al juicio de los árbitros particulares los pleitos relativos a una determinada relaciòn, el que asume la iniciativa de poner en marcha la disputa puede elegir la autoridad judicial. Esto significa que la preexistencia de la cláusula compromisoria o del compromiso no determina la invalidez de lo que ha sido establecido por el juez si la otra parte no hace la excepción de arbitraje.  Es una excepción de mérito, no rilevable del oficio del juez, que la parte convenida en juicio tiene que alegar en evidencia tempestivamente. Por lo tanto, el convenido puede libremente decidir si objetar por la existencia de la convención de arbitraje, o bien puede, expresamente o implícitamente, renunciar al arbitraje aceptando el procedimiento judicial.
*                     *                    *
El arbitraje constituye, por lo tanto, el más relevante instrumento de resolución de las controversias alternativas con respecto a la jurisdicción civil ordinaria.
Sobre la disciplina del arbitraje, ha afectado relevantemente l’ art. 1, 3° |co|, |lett|. b, ley 14 de mayo del 2005, n. 80, de la conversión del decreto ley 14 de marzo del 2005, n. 35: “ El gobierno está delegado a adoptar, dentro de seis meses de la fecha de entrada en vigor de la presente ley, un decreto legislativo que lleve modificaciones al código de procedimiento civil. En la actuación de la delega , en el parrafo 2, el gobierno se atendrá a los siguientes principios y criterios directivos: reformar en el sentido de racionalizar la disciplina del arbitraje previendo: la disponibilidad del objeto del pleito como único y suficiente presupuesto por el arbitraje, excepto diversa disposición de la ley; y para la estipulación de compromiso y de cláusula compromisoria haya un único criterio de capacidad, que se refiere al poder de disponer sobre la relaciòn controvertida; una disciplina relativa al arbitraje con la pluralidad de las partes, que garantice en la nominaciòn de los árbitros el respeto de la voluntad originaria o sucesiva de las partes,  sino relativo a la sucesión en el derecho controvertido y a la participación de los tercios al procedimiento arbitral, en el respeto de los principios fundamentales del instituto; una disciplina específica finalizada a garantizar independencia e imparcialidad de los árbitros, una disciplina unitaria y completa de la responsabilidad de los árbitros, también tipificando los relativos casos; una disciplina de la instrucción probatoria, con la previsión de adecuadas formas de asistencia judicial; que los arbitros puedan conocer de forma incidental las cuestiones prejudiciales no arbitrables, a menos que según la ley sería necesaria la decisión con eficacia de sentencia inapelable autónoma; una racionalización de la disciplina de los términos para la pronunciaciòn del laudo también con respecto a las hipótesis de prórroga de los mismos; una simplificación y una racionalización de las formas y de las modalidades de pronunciamiento del laudo; que el laudo, aunque no sea homologado, tiene los efectos de una sentencia; una racionalización de las hipótesis actualmente existentes de impugnación para invalidación como los siguientes principios: 1) subordina la contrabilidad del laudo según el segundo parrafo del art. 829 de el código de procedimiento civil a la explícita previsión de las partes, excepto diversa previsión de la ley y excepto el contraste con los principios fundamentales del orden jurídico.
 2 ) disciplinar el procedimiento, previendo las hipótesis de pronunciamiento rescisorio de parte del juez de la impugnación por la invalidación 3 ) disciplinar de forma general las relaciones entre árbitro y juez, allá comprendida la excepción de pacto compromisorio; una disciplina del arbitraje administrado, asegurando que la intervención de la institución arbitral en la nominación de los árbitros tiene lugar solo si previsto por las partes y previendo en todo caso que las designaciones cumplidas de estas últimas estén vinculadas; la supresión del capitulo dedicada al arbitraje internacional, con tendencial extensión de la relativa disciplina al arbitraje interno, excepto las oportunas adaptaciones con la exclusión de cuanto previsto del art. 838 del código de procedimiento civil; que las normas en materia de arbitraje se aplicàn siempre en presencia de un pacto compromisorio de cualquier modo denominado, la voluntad diversa y expresada por las partes por derogar a la disciplina legal,  en todo caso el respeto del principio del contradictorio, firme quedando la sindicabilidá por tramite de acción o de excepción de la decisión para los vicios del procedimiento y la posibilidad de disfrutar de procedimientos urgentes .
Basándose en la ley n.80/2005 mencionada supra ha sido publicado el decreto legislativo 2 de febrero del 2006 nes. 40.
El arbitraje se pone como una clara  y propia jurisdicción del derecho privado, ya que se desenvuelve a través de procesos altamente formales con resultados idénticos, por objeto y eficacia, a las sentencias de los jueces del Estado.
El arbitraje, lejos de representar la única alternativa al contencioso frente de un juez de el Estado, cuenta con una serie de institutos que, aunque diferentes respecto a ello, tienen la idéntica finalidad de resolver, y prevenir, las controversias: particular atención merece el arbitraje no ritual irrituale.
El arbitraje irrituale es ahora objeto de reglamentación, por parte del código de rito art. 808 ter.
A la base hay un acuerdo con el cual las partes de una controversia, ya surgida o que podrá surgir en relación a un determinado contrato, concuerdan con asignar su resolución por parte de sujetos particulares, compromitiendose a aceptar la decisión de ellos, como expresión de sus misma voluntad contractual. Sobre la naturaleza contractual del arbitraje irrituale hay una sustancial uniformidad de puntos de vista: antes del año 1983, el elemento distintivo entre arbitraje ritual y arbitraje irrituale no ritual dependía por una elección cumplida por las partes, según que quisieran que venía conferida o menos la eficacia de sentencia al “dictum arbitral”. Las modificaciones del 1983 y del 1994 han cambiado la situación: hoy las partes tienen libertad para depositar o menos el laudo irrituale para la homologación, sometiendo “ex post” el laudo ritual al mismo trato que “ab origen” habían previsto para el laudo irrituale.
En fin, á través del decreto legislativo del 2 de febrero del 2006, n. 40 publican, basándose en la delega contenida en la ley del 14 de mayo del 2005 nes. 80 en la óptica de la superación de la distinción entre arbitraje ritual e irrituale como los criterios directivos indicados en la ley delega, el art. 808-ter del código de procedimiento civil disciplina el arbitraje irrituale.
Esta norma remacha las potencialidades de la voluntad negocial (que tiene que ser expresada por inscrito) con referencia a la composición de las controversias.
En el orden italiano ha sido puesto un problema de constitucionalidad del arbitraje, con referencia a la reserva de la actividad jurisdiccional en favor de la autoridad judicial estatal, ex art. 102, parrafo 1, Cost.
En propósito la Corte Constitucional ha revelado que de todos modos el órgano jurisdiccional es el que confiere al laudo arbitral la plena eficacia ejecutiva de la sentencia. Esta orientación està compartida en virtud de la atribución al laudo publicado por partes de jueces particulares  “inmediatos efectos de sentencia aunque no ejecutiva” .
La doctrina afirma que el laudo ritual es una volición del árbitro que se coloca sobre el plano negocial particular, como manifestación de la autonomía de las partes que, encargando al árbitro la tarea de dirimir la controversia, transfieren a èl los poderes de disposición y que por esto proyecta enseguida el propio contenido en su patrimonio.
La doctrina mayoritaria opina que la tutela del derecho deberìa ser una actividad exclusiva del Estado, mientras que la decisión por las controversias pueden ser aseguradas también a través del trabajo por parte de particulares.
Segùn una moderna perspectiva, mayormente inspirada al “favor  arbitrati”, la constitucionalidad del arbitraje  se basa sobre la voluntad compromisoria de las partes, combinado a la disponibilidad de los derechos que son objeto de la controversia deferida a los árbitros: el límite extremo e impracticable de la compatibilidad constitucional del arbitraje con el orden interno se individúa de esta manera en la facultatividad del arbitraje.
*                     *                    *
De lo dicho resulta que el arbitraje nace por la voluntad de las partes.
Cuando las partes no disponen de forma diferente, cualquier pleito que tiene la propia “causa pretendi” en el contrato en que està insertada la cláusula compromisoria tiene que ser incluida en la competencia arbitral (12) El código de procedimiento civil prevee que, en la duda, la convención de arbitraje vaya interpretada en el sentido que la competencia arbitral se extiende a todas las controversias que derivan del contrato o de la relaciòn, a lo cual y a la qual la convención se refiere.
La jurisprudencia se expresa en el considerar la competencia de la autoridad judicial cuando la voluntad de las partes de transferir a los arbitros la solución de las controversias no fuese cierta.
El arbitraje, entonces, se basa por la voluntad de las partes. El acto en el cual esta voluntad se expresa està denominado convención arbitral. La convención arbitral està definida por el art. 806, adecuado al dictado de la Convención de Nueva York (13) , como el acuerdo escrito con lo cual las partes se obligan a someter a arbitraje todas o algunas de las controversias, que han surgido o pueden surgir entre ellas, respecto a una relaciòn jurídica determinada, contractual o no contractual, relativa a una cuestión susceptible de estar definida por via arbitral.
La convención arbitral asume, tradicionalmente, las dos formas distintas denominadas compromiso (14) y cláusula compromisoria (15) .
Vuelve la figura del compromiso, ex art. 807, cuando las partes de una determinada relaciòn o situación sustancial quieren hacer decidir a los árbitros una especìfica controversia que ha surgido entre ellos, actual, o ya existente y que se refiere a materias arbitrables, como en el caso de una obligación controvertida de resarcimiento de daños de hecho ilìcito.
En cambio, el art. 808  se ocupa  de la cláusula compromisoria. Esta es la cláusula, insertada en el contrato estipulado por las partes o en un acto separado, con la cual las partes establecen que las controversias arbitrables, que pueden surgir del mismo contrato, vienen decididas por los árbitros. Que puedan surgir, esto se considera respecto a las controversias eventuales, posibles, futuras, no todavía surgidas y aún carentes de un objeto preciso, como se verifica por esemplo en el caso de controversias surgidas por los vicios de cosas vendidas, retraso en el cumplimiento de un servicio, por falta de pago del precio, etc.
Además, hay una tercera figura de acuerdo para arbitraje, que se coloca a mitad entre compromiso y cláusula compromisoria , prevista por el art. 808-bis, por lo cual las partes pueden establecer, con una adecuada convención, que las controversias futuras, relativas a uno o a más relaciònes non contratuales  estén decididos por los arbitros.
Del compromiso, ella comparte la forma, siendo un acto independiente, autosuficiente y no accesorio a otros acuerdos, mientras que con la cláusula compromisoria esta tiene en común la peculiaridad de referirse solamente a las controversias futuras y de ser entonces un acuerdo preventivo.
El compromiso es el pacto con el cual dos o más partes remiten la solución de una controversia entre ellas, ya surgida, a uno o  más arbitros;  el pacto (o acuerdo) tiene que ser estipulado por escrito y tiene que determinar el objeto de la controversia, sino eso es invàlido.
La cláusula compromisoria es el pacto contenido en un contrato, o en un acto separado, con el cual dos o más partes  remiten a uno o a más arbitros las eventuales controversias que pueden surgir entre ellos respecto al contrato. La cláusula compromisoria tiene que resultar por escrito por  el art. 807 c.p.c.. El requisito de la forma escrita viene remitido con la firma en un único documento, pero también con la expresión de las voluntades de las partes contenidas en dos documentos separados, unidos el uno al otro.
Viene impuesta la adopción de disposición escrita cada vez que las partes quieran remitir la decisión arbitral a los arbitros, que lo hagan con un arbitraje irrituale. Cuando la cláusula compromisoria está insertada en condiciones generales de contrato, el art. 1341, parrafo 2, c.c. prevee la doble suscripción para una específica aprobación. Las pronuncias jurisprudenciales han sido contrastantes. El Tribunal Supremo (la Cassazione) retiene que la cláusula compromisoria es incluida entre aquellas para aprobar específicamente por escrito, por los art. 1341 y 1342 c.c., si fuera instituidora de un arbitraje ritual.

 

Las cláusulas compromissorias permiten a las partes de efectuar varias elecciones.

  1. árbitro único: comporta costes menos elevados;
  2. colegio arbitral: comporta costes más elevados y una mayor garantía de correcta solución de los casos;
  3. opción de arbitraje: la parte que empieza el pleito elige si se dirige a la autoridad judicial o al arbitraje.

La validez de la cláusula compromisoria tiene que ser valorada de manera autónoma con respecto al contrato al cual se informa.
Además, el legislador ha disciplinado expresamente el arbitraje con pluralidad de partes: el art. 816-quater así dispone:
“Dado el caso que más de dos partes estèn vinculadas por la misma convención de arbitraje, cada  parte puede convenir en todas o algunas de las otras en el mismo procedimiento arbitral si la convención de arbitraje transfiere a un tercero  la nominación de los árbitros, si los árbitros son nombrados con el acuerdo de todas las partes, o sea, si las otras partes, después de que el primero haya nombrado el árbitro o los árbitros, nombran de acuerdo un  número igual de árbitros o confieren a un tercero la tarea de la nominación.
Fuera de los casos previstos en el precedente parrafo, el procedimiento iniciado por una parte en oposición de una otra se divide en tantos procedimientos como son estas últimas.
Si no  se verifica la hipótesis prevista en el primer parrafo y si hay un litisconsorcio necesario, el arbitraje se considera improcedente .
En la experiencia del arbitraje, es constante la preocupación de asegurar la autenticidad de la voluntad de recurrir  a él. Obtener,o sea , que venga elegido conscientemente por las partes, en presente o futuro contraste, el tràmite del arbitraje antes que aquella del juicio ordinario, y de prevenir así el eventual riesgo de vejatoriedàd,  por una parte favorable al arbitraje contra la otra màs dèbil. Por tutelar la parte dèbil, hay entonces una regla que segùn el art. 1341 c.c. las clausulas vejatorias necesitan de la aprobación por escrito con una suscripción especìfica por la clàusula compromisoria.
Además, por el art. 807, primer párrafo, el compromiso, tiene que, a pena di nullità, estar hecho por escrito y determinar el objeto de la controversia.
También la clàusula compromisoria tiene que ser en forma escrita y está disciplinada por el art. 808 cpc.
En los art. 809, 810 y 811, que se refieren respectivamente a nùmero, nominación y sùstitución de los arbitros, se establece que los àrbitros sean de numero impar. Además, ellos tienen que ser  señalados por la convención  por nombre, uno por uno.
Por lo que se refiere a las limitaciones en la elección de un àrbitro, el còdigo, en el nuevo art. 812, en la rubrica “ Incapacidad de ser arbitro”, dicha la regla que “no puede ser àrbitro el que esté carente, del todo o en parte, de la capacidad legal de obrar”.
El art. 809, primer pàrrafo, dispone que el nùmero de los arbitros tiene que ser impar. En efecto, solamente una cantidad impar de àrbitros evita el problema del bloqueo, debido al empate.
La hipótesis del arbitraje único presenta la obvia  ventaja económica, además de una mayor agilidad y simplicidad procesal en el conducir el arbitraje, aunque la soledad del árbitro representa una  responsabilidad, pues, puede ser fuente de riesgo y de error, por esto, en la práctica, la solución que generalmente se prefiere es aquella en la que los colegios arbitrales estén compuestos por tres personas.
Las conductas del árbitro que causan  la responsabilidad civil y la obligación de resarcir  los daños a las partes, sin lìmites de la ley n. 117/1988 son dos:

  1. con dolo (o fraude) o culpa grave haber omitido de presentar el laudo en el tèrmino concordado entre las partes.
  2. con dolo o culpa grave haber omitido o retrasado actos necesarios jurìdicamente.

Por lo que concierne los derechos de los arbitros el art. 814 dispone, estableciendo en el primer pàrrafo, que a ellos corresponde el rembolso de los gastos y el honorario por el trabajo hecho.
Ya que la imparcialidad del árbitro es la alma del procedimiento arbitral, el código  se preocupa de garantizarla en el art. 815, con el instituto de recusación previsto por parte de los jueces: los àrbitros no pueden tener algun interés en la controversia, alguna relación de parentela o convivencia con un representante de una parte, inclinaciones o grave enemistad con un representante de una parte, relaciones de trabajo, sea esto subordinado y/o continuativo, ya que atarían el árbitro a una parte comprometiendo la independencia en la valoración de la controversia.
El arbitraje, juicio  particular, tiene que desenvolverse con las garantías de la jurisdicción civil (imparcialidad, derecho de defensa, contradictorio, confrontación ).
El procedimiento está instaurado con la notificación de la demanda de acceso al arbitraje. Es a través de la notificación que se determina el efecto del procedimiento. Las partes, o sea los árbitros, disponen de determinar el lugar (elemento de distinción entre arbitraje interno y externo) y las reglas que tienen que observar en el curso del procedimiento.
Ex art. 817-bis c.p.c. los árbitros estan competentes por la excepciòn de compensaciòn , “en los límites del valor de la demanda...”.
Los árbitros no pueden conceder secuestros y otras medidas de urgencia , exepto que haya una diferente  disposición de la ley .
Los árbitros proveen con decreto revocable sobre todas las cuestiones que se presentan en el curso del procedimiento.
El art. 819-bis establece los casos en los que los árbitros suspenden el procedimiento arbitral.
El art. 819-ter c.p.c. dispone que la sentencia con la cual el juez afirma o niega la propia competencia puede ser impugnable  por los art. 42 y 43 c.p.c.
*                     *                    *
Ex art. 816-ter, parrafo 1, c.p.c. toda la instrucción o algun acto de instrucciòn puede ser delegado por los árbitros a uno de ellos.
Al art. 816-ter, parrafo 2, c.p.c. Si un testigo se niega a comparecer ante los árbitros, éstos, pueden pedir al presidente del Tribunal de la sede del arbitraje que ordìne la comparecencia del testigo ante ellos”.
Antes de la reforma las partes tenían derecho a los términos para el depósito de los documentos. La reforma ha borrado tal disposición. Los árbitros pueden de todos modos asignar a las partes los terminos para producciones documentales y depósito de memorias.
Por lo que se refiere a la admisibilidad de òrdenes de exibiciòn la doctrina mayoritaria cree que son posibles.
La disposición con la que los árbitros deciden con respecto a la controversia a ellos presentada se llama laudo. El laudo está deliberado por mayoría de votos con la participación de todos los árbitros, y después viene redactado en forma escrita. Por el artículo 823, parrafo 2 c.p.c., esto tiene que comprender en si: los nombres de los árbitros, la indicación de la sede del arbitraje, la indicación de las partes, la indicación de la convención arbitral y de las conclusiones de las partes, la exposición sumaria de las motivaciones, el decisivo de la sentencia, la suscripción de los árbitros, la fecha de las suscripciones.
El laudo tiene, a partir de la fecha de su última suscripción, los efectos de la sentencia pronunciada por la autoridad judicial.
El art. 829, parrafo 1, permite la impugnación por anulación del laudo ritual dentro de 90 dias de la notificación a las partes, en el caso de invalidez de la convención arbitral, por falta de nominación o de nominación formalmente impropia de los árbitros, de incapacidad legal por actuar de parte de un árbitro, de pronunciamiento del laudo más allá de los términos prescritos por la convención, de ausencia de los requisitos previstos para el laudo emitido, prescritos por el art. 823 , de pronunciaciòn del laudo tras la fecha establecida, por falta de observancia de las formas prescritas por las partes para el desarrollo del procedimiento, de un laudo contrario a un otro laudo antecedentemente emitido y no más impugnable o que se refiere a una sentencia precedente que pasa a ser una sentencia inapelable por falta de observancia, en el curso del procedimiento, del principio del contradictorio, de laudo emitido a conclusión del procedimiento que no decide en relación a la controversia puesta por la convención arbitral, de laudo que no se pronuncia sobre cuestiones puestas por parte de las partes en la convención arbitral, de un laudo que comprende en si motivaciones o decisiones contrastantes.
El laudo está sujeto a revocación en caso de dolo (o engaño) por parte de uno de las partes a daño de la otra, de juicio arbitral basado sobre pruebas falsas, de presentación de documentos decisivos que una parte no ha podido producir en el curso del procedimiento por causas de fuerza mayor, de dolo (o engaño) por parte de los árbitros.
La pronunciaciòn arbitral puede ser corregida (o rectificada/enmendada) en la eventualidad que hayan errores a través del procedimiento de corrección previsto por el art. 826, dentro de un año de la comunicación del laudo.
En el caso que en el curso del procedimiento surja una cuestión perjudicial de mérito que según la ley no puede ser objeto de convención arbitral, los árbitros, según el art 819-bis n.2, tienen que optar por la suspensión del procedimiento. Fuera de tal hipótesis ellos deciden, en cambio, todas las cuestiones surgidas en el curso del juicio arbitral.
El laudo emitido a conclusión de parte de los arbitrajes rituales puede tener el mismo contenido de una sentencia ordinaria, el laudo irrituale, en cambio, no puede tener contenido de condena, teniendo naturaleza solo negocial y no pudiendo entonces hacerse como título ejecutivo.
Durante el procedimiento, los árbitros pueden, además, emitir laudos no definitivos, que deciden parcialmente en relación a la controversia.
En conclusión ponemos en evidencia que para obtener el reconocimiento y la ejecución de los laudos extranjeros, es necesario proponer recurso  a la Corte de Appellaciòn en Italia.

VITO D’AMBRA-CONSUELO TACCANI

 

BIBLIOGRAFIA

A. ALIBRANDI, In tema di clausola di compromissoria e di arbitrato estero, en Arch. Civ., 1989, 657 ss;

G. ALPA- T. GALLETTO, Processo, arbitrato e conciliazione nelle controversie societarie, bancarie e del mercato finanziario, Milano, 2004;

D. AMADEI, L’arbitrato nel diritto amministrativo, in C. Cecchella, L’arbitrato, Torino 2005;

V. ANTONIOLI, Arbitrato e giurisdizione amministrativa dopo la legge n. 2005 del 2000, en Dir. proc. amm., 2002, 326;

T. AULETTA, La riforma delle società, en Il processo (Sassani), Torino, 2003;

AA.VV., (M. Pierani-E. Ruggiero), I sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, Milano, 2002;

 

S. AZZALI, Arbitrato e conciliazione societari: l’opinione, en Diritto e pratica delle società, 2004;

 

S. AZZALI, Le clausole compromissorie, en Notariato, 1996, I, 2, 545;

F. BARTOLINI-R.C. DEL CONTE, Il codice dell’arbitrato, 7 ed., Piacenza, 2006;

F. BENFATTI, Arbitrato irritale: deontologia e etica, en Riv. trim. dir. proc. civ., 1999, f3, 131;

A.M. BERNINI, L’arbitrato amministrato (il modello della Camera di Commercio internazionale), Padova, 1996.

G. BERNINI, Il riconoscimento all’estero del lodo arbitrale irrituale, en Riv. trim. dir. civ., 1991, 357.

G. BERNINI, L’arbitrato, Bologna, 1993; 

 

P. BERNARDINI, Il diritto dell’arbitrato, Bari, 1988, passim;

F. BERLINGIERI, Requisiti di validità della clausola compromissoria, en Dir. Marittimo, 1991, 583;

L. BIAMONTI, Arbitrato, en Enciclopedia del Diritto, Milano, 1958, 899;

M. BIN, Il compromesso e la clausola compromissoria in arbitrato irrituale, en Riv. trim. dir. proc. civ., 1991, 373;

M. BOVE, Il patto compromissorio rituale, en Riv. Dir. Civ., 2002, I, 403;

M. BOVE, Note in tema di arbitrato libero, en Riv. Dir. Proc., 1999, f 3, 688;

A.R. BRIGUGLIO, A volte ritornano: arbitrato irrituale e Convenzione di New York, en Riv. Arbitrato, 1996, 592;

B. BUTTAZZI, Favor arbitrati e autonomia delle parti nella giurisprudenza statunitense in tema di arbitrabilità, en Riv. Arbitrato, 2001, f. 3, 275.

V. CARBONE, Rapporti tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario, en Contr. Impr., 1994, 1159;

F. CARPI, P. BIAVATI, D. BORGHESI, C. GIOVANNUCCI ORLANDI, G.RICCI, E. ZUCCONI GALLI FONSECA, P.FILIPPI, Arbitrato, en Le riforme del diritto italiano, Commentario degli articoli 806-840 c.p.c., Bologna, 2007, passim;

C. CECCHELLA, L’arbitrato, Torino, 2005;

G. CHIOVENDA, Principi di diritto processuale civile, Napoli, 1965, passim;

C. COMPATANGELO - S.GALLI, Manuale pratico dell’arbitrato, Sant’Arcangelo di Romagna, 2007, passim;

M. CURTI, L’arbitrato irrituale, Torino, 2005;

E. FAZZALARI, Arbitrato (teoria generale e diritto processuale civile), en Digesto delle discipline privatistiche sezione civile, vol. I, Torino, 1998, 389;

L. FALVELLA, Validità della clausola compromissoria e compromettibilità in materia di concorrenza, en Giust. Civ., 1997, 1375;

F. FESTI, La clausola compromissoria, Milano, 2001, passim;

F.P. LUISO, Intorno agli effetti del patto compromissorio irrituale, en Riv. Arbitrato, 1996, 655;  

M. MARINELLI, La natura dell’arbitrato irrituale, Torino, 2002, passim;

A. SIROTTI GAUDENZI, Guida al diritto dell’arbitrato, Milano, 2006, passim;

 

G. VERDE, Lineamenti di Diritto dell’Arbitrato, 2° ed., Torino, 2006, 70;

E. ZUCCONI GALLI FONSECA, La convenzione arbitrale nella società dopo la riforma, en Riv. trim. dir. proc. civ., 1998, 2003, 929 

Note

(1) F. CARPI, P. BIAVATI, D. BORGHESI, C. GIOVANNUCCI ORLANDI, G.RICCI, E. ZUCCONI GALLI FONSECA, P.FILIPPI, Arbitrato, en Le riforme del diritto italiano, Commentario degli articoli 806-840 c.p.c., Bologna, 2007, passim; C. COMPATANGELO-S.GALLI, Manuale pratico dell’arbitrato, Sant’Arcangelo di Romagna, 2007, passim; A. SIROTTI GAUDENZI, Guida al diritto dell’arbitrato, Milano, 2006, passim; F. BARTOLINI-R.C. DEL CONTE, Il codice dell’arbitrato, 7 ed., Piacenza, 2006; E. FAZZALARI, Arbitrato (teoria generale e diritto processuale civile), en Digesto delle discipline privatistiche sezione civile, vol. I, Torino, 1998, 389; S. AZZALI, Le clausole compromissorie, en Notariato, 1996, I, 2, 545; CARBONE V., Rapporti tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario, en Contr. Impr., 1994, 1159; A. ALIBRANDI, In tema di clausola di compromissoria e di arbitrato estero, en Arch. Civ., 1989, 657 ss; P. BERNARDINI, Il diritto dell’arbitrato, Bari, 1988, passim; L. BIAMONTI, Arbitrato, en Enciclopedia del Diritto, Milano, 1958, 899. 

(2) Cass. Civ., Sez. I, 2/12/2005, no. 26257 ; Cass. Civ., sez. Lav., 10/10/2005, n. 19679;  Cass. Civ. Sez. I, 12/4/2005, no 7535 ; Cass. Civ. Sez. I, 23/2/2005, no 3772; Cass. Civ. Sez. I, 29/9/2004, no 19549 ; Cass. Civ. Sez. I,21/9/2004, no 18917 ; Cass. Civ. Sez. I, 14/9/2004, no 18460.

(3) G. VERDE, Lineamenti di Diritto dell’Arbitrato, 2° ed., Torino, 2006, 70 s.; C. CECCHELLA, L’arbitrato, Torino, 2005; AA.VV., M. PIERANI-E. RUGGIERO, I sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, Milano, 2002; G. CHIOVENDA, Principi di diritto processuale civile, Napoli, 1965, passim.  

(4) A. SIROTTI GAUDENZI, Guida al diritto dell’arbitrato, op. cit. supra, Milano, 2006, 27-56.

(5) Cass. civ., 6/7/2000, no. 9022

(6) Cass. civ., 30/3/1998, no. 3322; Cass. civ., 23/2/2005, no. 3772,

(7) S. AZZALI, Arbitrato e conciliazione societari: l’opinione, en Diritto e pratica delle società, 2004; G. ALPA- T. GALLETTO, Processo, arbitrato e conciliazione nelle controversie societarie, bancarie e del mercato finanziario, Milano, 2004; T. AULETTA, La riforma delle società, en Il processo (Sassani), Torino, 2003; E. ZUCCONI GALLI FONSECA, La convenzione arbitrale nella società dopo la riforma, en Riv. trim. dir. proc. civ., 1998, 2003, 929

(8) A.M. BERNINI, L’arbitrato amministrato (il modello della Camera di Commercio internazionale), Padova, 1996.

(9) D. AMADEI, L’arbitrato nel diritto amministrativo, in C. Cecchella, L’arbitrato, Torino 2005; V. ANTONIOLI, Arbitrato e giurisdizione amministrativa dopo la legge n. 2005 del 2000, en Dir. proc. amm., 2002, 326.

(10) M. BOVE, Il patto compromissorio rituale, en Riv. Dir. Civ., 2002, I, 403; G. BERNINI, L’arbitrato, Bologna, 1993 

(11) M. CURTI, L’arbitrato irrituale, Torino, 2005; M. MARINELLI, La natura dell’arbitrato irrituale, Torino, 2002, passim; M. BOVE, Note in tema di arbitrato libero, en Riv. Dir. Proc., 1999, f 3, 688; F. BENFATTI, Arbitrato irritale: deontologia e etica, en Riv. trim. dir. proc. civ., 1999, f3, 131; F.P. LUISO, Intorno agli effetti del patto compromissorio irrituale, en Riv. Arbitrato, 1996, 655;   G. BERNINI, Il riconoscimento all’estero del lodo arbitrale irrituale, en Riv. trim. dir. civ., 1991, 357.

(12) Cass. civ. sez.I, 2/2/2001, no. 1496

(13) A.R. BRIGUGLIO, A volte ritornano: arbitrato irrituale e Convenzione di New York, en Riv. Arbitrato, 1996, 592; B. BUTTAZZI, Favor arbitrati e autonomia delle parti nella giurisprudenza statunitense in tema di arbitrabilità, en Riv. Arbitrato, 2001, f. 3, 275.

(14) M. BIN, Il compromesso e la clausola compromissoria in arbitrato irrituale, en Riv. trim. dir. proc. civ., 1991, 373;

(15) F. FESTI, La clausola compromissoria, Milano, 2001, passim; L. FALVELLA, Validità della clausola compromissoria e compromettibilità in materia di concorrenza, en Giust. Civ., 1997, 1375; F. BERLINGIERI, Requisiti di validità della clausola compromissoria, en Dir. Marittimo, 1991, 583.

(16) O sea que esto no comprenda en si la exposición sumaria de las  motivaciones, el dispositivo y la suscripción de los arbitros.